(Fuente: El Correo, Terra, Desarrollo Inteligente; imagen: Eskumedia)Encontramos en Vitoria-Gasteiz un ejemplo de lo que muchas veces nos solemos quejar los ciudadanos, sin que la Administración Local pueda frenar la actitud de las operadoras (o busque argumentos para no hacerlo).
Se trata de un colegio sobre el que hay una antena de telefonía móvil instalada desde abril de 2007. Instalación realizada sin su correspondiente licencia de obras, denegada desde el inicio por el consistorio. A la operadora poco le importa que en mayo y julio de ese año se dicte una orden municipal de demolición y reciba en septiembre de 2007 una multa de 600 € (sic). Desde entonces, la operadora lleva 9 multas y va camino de la décima, paso previo antes de que el Consistorio pueda derribar por su cuenta la antena. Mientras, corre una sensación de cierta impunidad para la antena.
Haciendo cálculos, a la operadora le sale rentable: 4 años funcionando la antena por una irrisoria multa -para ellos- de 6.000 € (unos 125€ al mes). Las cuentas salen claras: las sanciones impuestas por el Ayuntamiento no están cumpliendo, entre otras, su labor disuasoria, y parece que sale hasta rentable no cumplir con los trámites administrativos.
No se sabe por qué ha tardado tanto el Ayuntamiento en imponer 9 multas en tanto tiempo, pero si hubiesen puesto una multa de entre un millón de Euros a tres millones de Euros cada vez, seguro que no hubiesen llegado ni a la segunda orden de demolición. Ejemplos no les faltan.
Y de esta actitud no tenemos la culpa los ciudadanos, ni es una interpretación distorsionada de la realidad debido a una patología psicosomática. Desde luego a los escépticos ultra defensores de la ciencia no los vemos denunciar este tipo de actuaciones de las operadoras.
